La percepción generalizada es que el sistema judicial protege más a los imputados (70%), mientras que solo un 9,6% considera que favorece a las víctimas.
Entre las principales limitaciones para denunciar delitos destacan la desconfianza en las instituciones (80%), la sensación de desprotección (75,8%) y el temor a represalias (74,2%). Asimismo, un 63,8% afirma que se sentiría muy inseguro al declarar en casos relacionados con el crimen organizado.
La educación escolar pública obtuvo una calificación “roja” de 3,2 (de una escala de 1 a 7), la educación escolar subvencionada un 4,2 y la educación escolar privada un 5,7. La medición también abordó la percepción de los problemas más urgentes a resolver en el sistema educativo, entre los cuales se encuentra la violencia escolar (38,7%), formación inicial y continua de docentes (32,8%), convivencia escolar (30,7%) y el apoyo a la salud mental de los estudiantes (29%).
Un 24,5% de las personas señala estar recibiendo un tratamiento para la depresión, ansiedad u otro. No obstante, la accesibilidad sigue siendo una barrera crítica considerando que 49% de los encuestados reconoce que es difícil o muy difícil acceder a consultas generales de salud mental. La medición también abordó temáticas asociadas a la salud dental, donde un 62,6% de los consultados declara que es muy difícil o difícil poder realizarse este tipo de tratamientos.
Para el 52,3% de los encuestados la situación de la salud en el país se mantendrá igual y el 27,7% estima que empeorará.
