6 de Junio de 2025
La “permisología”, un término que se asocia a la excesiva demora en la tramitación de permisos para la inversión sigue siendo un freno para el desarrollo económico y la creación de fuentes de trabajo en Chile. Así lo evidenció el segundo Índice de Costo Económico por Permisología (ICEP) de la Universidad San Sebastián (USS).
De acuerdo con el análisis del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de esta casa de estudios, los retrasos en la tramitación medioambiental de los proyectos de inversión le costaron al país más de US$2.200 millones en 2024, equivalente al 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB). Además, se evidenció que el 65% de los proyectos en 2024 experimentaron retrasos más allá de los plazos legales.
Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la USS, enfatizó la gravedad de la situación, señalando que: “dos de cada tres proyectos enfrentaron retrasos más allá de los plazos legales el año pasado, lo que provocó un aumento del perjuicio de la permisología de 0,58% a 0,7% del PIB en tan solo un año”.
Los proyectos tramitados disminuyeron en más de un 40%
El Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) muestra claros signos de debilidad, según Cristóbal de la Maza, investigador del Centro de Políticas Públicas de la USS. En 2024, se contabilizaron 111 proyectos tramitados por trimestre, lo que representa un 42% menos que el promedio histórico. En ese sentido, De la Maza comenta que “la principal falencia del procedimiento de evaluación es el carácter poco resolutivo del Servicio de Evaluación Ambiental”.
Para enfrentar esta falencia plantea que “eliminar la influencia de servicios sectoriales racionalizaría el proceso y eliminar instancias políticas, como el comité de ministros, reduciría la incertidumbre en el plazo. Otorgar al regulador atribuciones para acelerar la calificación de proyectos recurrentes con estándares predefinidos permitiría reducir la extensión del trámite radicalmente. Adicionalmente, para proyectos de infraestructura crítica, debiera existir un procedimiento especial definiendo a priori su alcance y estableciendo plazos fatales. El actual proyecto de reforma al SEIA, fue removido de las prioridades legislativas. Es menester perseverar y buscar un acuerdo donde hay consenso.”
La problemática de la permisología se evidencia también en la variabilidad de los tiempos de tramitación. Mientras los Estudios de Impacto Ambiental (EIAs) redujeron su tiempo promedio en 70 días (pasando de 787 días en 2023 a 717 días en 2024), las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIAs), que corresponden a proyectos de menor envergadura, aumentaron en 30 días su tiempo promedio de tramitación, subiendo de 288 días en 2023 a 318 días en 2024.
Impacto en la generación de empleos
Según el ICEP, la “permisología” no solo frena la inversión, además, impide la creación de un significativo número de empleos. Según las proyecciones del informe, en 2024 se podrían haber generado 30.084 nuevos puestos de trabajo permanentes si hubieran entrado en operación los proyectos que actualmente se encuentran con retraso en su tramitación ambiental. De este total, más de la mitad correspondería a la operación de proyectos de infraestructura y un tercio a la operación de proyectos mineros.
Lo anterior, sin considerar el empleo generado en la construcción de los proyectos (49.417) los primeros años, y su cierre (21.959), lo que proyectaría la creación total de hasta 100 mil empleos en el ciclo de vida completo de la inversión retrasada.
Revisa el Índice de Costo por Permisología aquí.
