Los retrasos en la tramitación medioambiental de los proyectos de inversión le costaron al país más de US$2.200 millones en 2024, equivalente al 0,7% del PIB. El 65% de los proyectos en 2024 experimentaron retrasos más allá de los plazos legales, frenando la creación de 30 mil empleos permanentes.