La percepción generalizada es que el sistema judicial protege más a los imputados (70%), mientras que solo un 9,6% considera que favorece a las víctimas.

Entre las principales limitaciones para denunciar delitos destacan la desconfianza en las instituciones (80%), la sensación de desprotección (75,8%) y el temor a represalias (74,2%). Asimismo, un 63,8% afirma que se sentiría muy inseguro al declarar en casos relacionados con el crimen organizado.